Un plan que se dice estratégico, se diferencia de otros porque plasma sueños que permiten construir futuros verdaderos. Pero cuando éstos se quedan en el mero papel, ahí se quedan los sueños y se padece el síndrome del sonámbulo: se camina sin rumbo determinado.
Es vergonzoso que el Plan Estatal de Desarrollo de este sexenio muestre un retraso considerable en su visión respecto a las mujeres del Estado de Colima. El ejercicio de los derechos de las mujeres lo ubica al mismo nivel y condición de las personas con discapacidad. Al hacerlo, coloca a las mujeres en una doble discriminación: ser mujer y ser discapacitada no es lo mismo que ser hombre y ser discapacitado. Lo peor son las metas al 2021, incongruentes, por ejemplo, cuando se habla de “aumentar en 10% anual la eficiencia terminal en educación superior para mujeres y personas con discapacidad.” Para conocimiento de quienes plantearon el tema en dicho plan, en el caso de la eficiencia terminal de educación superior, en la Universidad de Colima, las mujeres representan más del 50% ¿o se referirán a las personas con discapacidad?
Por otro lado, de acuerdo a la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, “el objeto general del Instituto es el de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural y económica y social del Estado, bajo los criterios de: transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y en el accionar de las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas; representatividad en el desarrollo de programas y actividades en los diferentes municipios del Estado a través del organismo municipal creado para estos efectos en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres; y coordinación del Programa Estatal de las Mujeres, documento rector de las acciones de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en favor del desarrollo de las mujeres y de la introducción de la perspectiva de género.” (Decreto No. 355, artículo 5º, publicado en el Suplemento No. 1 del Periódico Oficial del Estado de Colima, el sábado 14 de junio de 2003).
Es decir, este Instituto debe retomar su razón de ser, trascender por encima de las posiciones partidarias, generar condiciones de buen gobierno respetando la Ley que le da origen, por el bien de las mujeres de Colima.
Es necesario que se tome conciencia, con seriedad, que todas y todos los integrantes del Órgano directivo son corresponsables de la situación que prevalece en la vida de las mujeres violentadas y humilladas, –que son más de las que se cuentan- no solo por su pareja, sino por las instituciones debido a la falta de formación y conocimiento de las condiciones que prevalecen en las mujeres, según su zona de convivencia familiar y social.
Vale la pena recordar que desde el sexenio del fallecido Silverio Cavazos Ceballos, seguido por el de Mario Anguiano Moreno y, ahora, por el de Ignacio Peralta Sánchez, existe una muy, muy seria confusión del deber ser del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) porque no se ha respetado la Ley para su existencia y operación; por lo tanto, no existe claridad ni rumbo sobre el Programa Estatal de las Mujeres, sobre la Incidencia en el diseño y aplicación de políticas públicas, así como sobre los Programas de las dependencias gubernamentales; igualmente, desconocemos el trabajo de las representaciones en los diez municipios en función de una estrategia estatal.
También es urgente que se coordine y optimicen recursos humanos, financieros y materiales con el Centro Estatal de Justicia de las Mujeres y el Centro de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI).
El escenario no es halagüeño, pero estamos a tiempo. Depende de la humildad y el reconocimiento de la realidad de quienes corresponde tomar estas decisiones.