En una sentencia a todas luces insuficiente y laxa, el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso suspender 30 días a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, Felícitas Alejandra Valladares Anguiano, por incurrir en “negligencia, ineptitud y descuido”.
El motivo de la sanción no es menor: Valladares Anguiano informó erróneamente, en una entrevista radiofónica a nivel nacional con Joaquín López Dóriga, que el conteo final de votos de la elección ordinaria para gobernador favorecía a Jorge Luis Preciado con 495 votos.
Posteriormente, los hechos demostraron –y así lo determinó el INE– que la presidenta del IEE “actuó con negligencia, ineptitud y descuido en el desempeño de sus funciones, al haber dado a conocer, de forma anticipada y a través de un medio de comunicación social, resultados electorales imprecisos y equivocados”.
La falta de la presidenta del IEE ameritaba su destitución, de acuerdo al artículo 102, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, la mayoría de los consejeros electorales del INE –a lo mejor para curarse de salud en caso de incurrir en un error similar– determinaron aplicar una ley supletoria, esto un año y cuatro meses después de ocurrida la falta.
Bien dimensionado, el error de Valladares Anguiano generó confusión en el electorado y sumió en la incertidumbre un proceso electoral que se definió por una diferencia de 503 sufragios a favor de Ignacio Peralta, violando así un principio fundamental dentro de un organismo electoral: el de la certidumbre.
Además de su comprobada “ineptitud” y “negligencia”, Valladares Anguiano es señalada por hostigar a trabajadores del instituto y por impedir que periodistas informen a la población. Víctima de su protagonismo, la presencia de Felícitas Valladares genera incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral del 2018, y debilita la institución a su cargo.
Dos puntos
El caso de Valladares Anguiano ejemplifica la necesidad de aplicar la ley con vigor. Ojalá su caso no se repita en los más de 35 funcionarios y ex funcionarios estatales que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) propone sancionar e inhabilitar.