El Juez Segundo de lo Mercantil, Pedro Luna Reyes, fue condenado a ser destituido de su cargo y pasar un año en prisión pero, en su lugar, el Congreso del Estado de Colima y el Gobernador lo pensionaron con 39 mil pesos mensuales.
En el año 2013, la Procuraduría General de la República consignó la averiguación previa contra Luna Reyes por haber violado un amparo obtenido por un particular.
Según la sentencia registrada en el expediente 107/2014 del Tribunal Colegiado del 32 Circuito, en noviembre del año 2010 un particular obtuvo una suspensión definitiva contra una resolución de Pedro Luna para evitar ser desposeído de un inmueble.
Sin embargo, un mes después, Luna Reyes ordenó al particular entregar la posesión del predio. Aunque la orden no se ejecutó porque el particular estaba ausente del lugar, éste denunció ante un Juez de Distrito la violación de su amparo.
En marzo de 2013, el Juzgado Segundo de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Luna Reyes por la comisión del delito de violación de una suspensión. El juez fue condenado a una pena de un año de prisión, una sanción económica de 3 mil 69 pesos y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante un año.
Luna Reyes apeló la sentencia ante el Tribunal Unitario, el Tribunal Colegiado y hasta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
En su defensa, Luna Reyes argumentó que su orden de desocupación «no causó daño» porque no se había ejecutado, ni producido consecuencias jurídicas reales y materiales.
Agregó que se trató de un «error» que pudiera ocurrirle a cualquier juez ante la carga de trabajo, por lo que el dolo en su actuar no se acreditó.
Además consideró que las sanciones son desproporcionadas a su conducta porque la inhabilitación de su cargo viola su derecho al trabajo y le priva su derecho a ser jubilado a los 30 años de servicio.
El Tribunal Colegiado consideró que los argumentos «resultaron ineficaces», mientras que en septiembre de 2015, la Primera Sala los calificó de «infundados» e «inoperantes».
Sin embargo, a pesar de la condena, en julio pasado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima solicitó al Ejecutivo autorizar la pensión por vejez en favor de Pedro Luna Reyes.
El 31 de agosto pasado, el Pleno del Congreso del Estado autorizó la pensión de 39 mil 103 pesos mensuales en favor del juez de 60 años de edad.
Un día después, el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez publicó el decreto en el Periódico Oficial del Estado.