… y los abogados de Colima lo premian como el mejor “Funcionario Público 2016”.
En las respectivas secciones de acceso a la información que publica el Tribunal Colegiado y el Segundo de Distrito del 32o Circuito con sede en Colima, se puede leer con claridad todos los recursos legales que utilizó el apoderado legal de la Universidad de Colima con el amparo indirecto 1120/2015, para revertir la decisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a través de su oficina del Administrador Central de Servicios Tributarios mediante el oficio 700-01-00-00-00-2015-265603 para cancelar el Certificado de Sello Fiscal de la Universidad en agosto de 2015.
Uno a uno, cada recurso de queja que utilizó la Universidad de Colima fue desechado y declarado infundado por los Jueces Federales. Por lo que el pasado 08 de agosto del presente año, se declara ejecutada la sentencia y se archiva el expediente en forma definitiva. Tal resolución final ya se esperaba, pues el 09 de junio del año en curso, el juez Ignacio Beruben Villavicencio emitió la resolución definitiva en la que determinó no amparar ni proteger a la Universidad de Colima contra los actos reclamados.
Esta decisión de la oficina del Administrador Central de Servicios Tributarios del SAT inició con los informes que le proporcionó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la auditorías realizadas a la Universidad de Colima desde 2012. En particular para el año fiscal 2012, la ASF detectó, entre otras cosas, que la Universidad retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores universitarios y no se lo envió al SAT. Y como en las auditorias de los años siguientes también hubo irregularidades, todo en su conjunto, llevó a la cancelación del Certificado de Sello Fiscal. Y comenzó el proceso por defraudación fiscal en contra de la Hacienda Pública por al menos 129 millones de pesos del ISR que la Universidad de Colima no entregó al SAT en 2012 y otras cantidades en los años siguientes.
No perder de vista que en todas las auditorías realizadas por la ASF a la Universidad de Colima, el actual Rector, Jefe Nato y líder de la delincuencia organizada universitaria, José Eduardo Hernández Nava, se desempeñó como director general de la Secretaria de Finanzas de la Institución por más de 25 años y, a partir del 2012, como Rector de la Universidad de Colima.
Por lo tanto, José Eduardo Hernández Nava, resulta uno de los principales presuntos responsables del delito de defraudación fiscal por parte de la Universidad de Colima en contra de la Hacienda Pública.
Por lo anterior, no encuentro sentido, mucho menos méritos profesiones y académicos, para que los gremios de abogados de Colima le otorgarán en días recientes a José Eduardo Hernández Nava, la distinción de “Funcionario del Año 2016” con la entrega de la medalla “Lic. Ramón Saucedo Morales”. Y peor aún, dicha medalla fue entregada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; situación que no le favorece al gobernador pues él está trabajando fuerte por Colima para erradicar la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia, el tráfico de influencias, el abuso de poder, el lavado de dinero y muchas otras cosas.
Pero más importante aún, el SAT tiene y debe, a través de la Oficina del Administrador Central de Servicios Tributarios, la tarea de continuar con el proceso de investigación por el delito de defraudación fiscal cometido presuntamente por José Eduardo Hernández Nava y otros funcionarios universitarios por al menos 129 millones de pesos. De llevarse el proceso apegado a derecho y con estricta aplicación de la ley fiscal de la federación, estaríamos en los supuestos contemplados en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación actualizado al 29 de julio de 2016.
“Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”
“La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales”
“El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:”
“…III Con prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,310,520.00 (Actualizada mediante anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicado en el diario oficial de la federación el 7 de enero de 2015) “
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. (Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 5 de enero de 2004)…”
En pocas palabras; el Rector, Jefe Nato y líder de la delincuencia organizada universitaria, José Eduardo Hernández Nava, podría ser condenado por defraudación fiscal y enfrentar una pena hasta de nueve años de prisión que sólo podría reducirse a la mitad. Y lo más significativo para los universitarios, quedaría imposibilitado para ejercer su segundo periodo rectoral que debe comenzar el año próximo.
Tendrán el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el H. Congreso de la Unión, la determinación de continuar con este proceso de investigación que originó un quebranto a la Hacienda Pública por el delito de defraudación fiscal por parte de la Universidad de Colima por al menos 129 millones de pesos; y llevar a los culpables a que cumplan con las sanciones administrativas y penales que marca el código penal fiscal vigente.
O bien, todos en su conjunto, trabajarán para simular que todo sigue bien en Colima y permitirán que la Universidad de Colima, como ejemplo de universidad pública, se siga manejando bajo la protección de la impunidad y la corrupción al permitírsele seguir utilizando los privilegios de la mal llamada “autonomía universitaria” para beneficio de algunos funcionarios universitarios y de otros en la administración estatal vigente egresados del grupo de la delincuencia organizada universitaria que protege José Eduardo Hernández Nava.
Y para actualizar esta historia de impunidad y corrupción, la Universidad de Colima continua defendiendo lo indefendible. Y mediante el amparo de revisión 204/2016 que solicitó el 21 de abril del presente año al Tribunal Colegiado de 32o Circuito con sede en Colima, intenta defenderse como gato panza arriba de las determinaciones y conclusiones realizadas por los jueces federales respecto al amparo indirecto 1120/2015. Y para el 12 de agosto del presente año, mismo día en el que José Eduardo Hernández Nava recibía el reconocimiento al mejor “Funcionario Público 2016”, en la lista de acuerdos del Tribunal Colegiado se establecía para el amparo de revisión 204/2016: “Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Colima, el cual se anexa un legajo certificado e informa que en el juicio de amparo indirecto causó ejecutoria la sentencia dictada y se ordenó el archivo. Consecuentemente, devuélvase el presente expediente a ponencia, para que se esté en aptitud de formular el proyecto de resolución correspondiente”
Resumiendo, pocas cosas podrán cambiar al interior de la Universidad de Colima, y muchas otras seguirán funcionando mediante criterios de simulación y complicidad. Será hasta que el Honorable Congreso de la Cámara de Diputados del Estado de Colima tenga a bien analizar y expedir una nueva ley orgánica para nuestra Universidad que lograremos la transparencia y la democracia universitaria, el respeto a los derechos humanos y laborales; y un correcto uso del presupuesto federal y estatal en asuntos académicos y de investigación. Y en forma simultánea, alejar y desaparecer acciones de complicidades económicas y políticas entre la delincuencia organizada universitaria y el gobierno estatal en turno.