Le diagnostican embarazo como gastritis, aborta y la acusan de homicidio

2027
Imagen: César Martínez López / Cimac

En marzo de 2015, Patricia Méndez Manuel, de 19 años de edad, sufrió un aborto espontáneo en el Hospital General de Zona número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz.

Toda la mañana esperó a que la atendieran, y no fue hasta que comenzó a sangrar cuando le prestaron atención.

“Lo expulsé sola, sin anestesia, entonces me acostaron en una camilla y me rodearon enfermeras y una ginecóloga (…) Me empezaron a hacer preguntas, a presionar. Yo les decía que me sentía muy mal, que iba a tener el aborto pero no me hacían caso”.

Cuando se “destapó” le realizaron un legrado y se quedó dormida.

Patricia asegura que no sabía que estaba embarazada. Tres meses antes –en diciembre del 2014– acudió a la clínica 61 del IMSS donde le diagnosticaron gastritis, pero en realidad las molestias eran por el embarazo.

Tomó el medicamento que le habían recetado y éste estaba contraindicado para mujeres en esa circunstancia.

En marzo de 2015, volvió a la clínica porque tenía un fuerte dolor de estómago, aunque en realidad era un aborto en proceso. De allí fue enviada al Hospital General.

“Yo me acababa de enterar que estaba embarazada, creí que tenía a lo mucho un mes pero dijeron que estaba en el segundo trimestre (…) Las enfermeras me empezaron a decir que cómo lo había hecho, que había matado a mi propio hijo, pero yo no entendía lo que estaba pasando”.

Los funcionarios del Hospital la denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y Patricia fue acusada de aborto inducido, un delito grave en el Código Penal del estado.

Aunque la joven asegura que la interrupción del embarazo no fue su culpa, continúa enfrentando en libertad un proceso judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La situación de Patricia se repite en muchas partes del país. Organizaciones civiles han documentado al menos 623 procesos judiciales similares.

Verónica Cruz, directora de la organización Las Libres, señala que al menos 700 mujeres están en la cárcel acusadas de homicidio, aunque en realidad se interrumpió el embarazo.

“Más de 70 por ciento tiene que ver con abortos espontáneos, pero están criminalizadas por homicidio en razón de parentesco (un delito que tiene una pena mayor)”, explica.

Dicho delito es considerado como grave en todo el país, aunque la pena con que se castiga es diferente en cada estado.

Algunas mujeres recibieron la máxima sentencia de 50 años de prisión. El aborto tiene penas menores como entre cinco y ocho años de prisión o el pago de una fianza.

Además del encarcelamiento o los procesos judiciales, las mujeres acusadas de aborto padecen un fuerte estigma social.

Patricia abandonó Veracruz porque en la escuela donde estudiaba “todo mundo decía que había abortado, que era una pecadora”.

“La gente que me veía en la calle decía: tú abortaste. Me iba corriendo a mi casa a llorar, me sentía muy mal, cargaba con la culpa. Me hicieron creer que lo había matado. Duele mucho”, cuenta la joven.

Las Libres y algunos académicos hicieron público el caso de Patricia para que se declare inconstitucional el Código Penal de Veracruz, donde se obliga a las mujeres que abortan a un proceso de “reeducación”.

“El Estado cree que como abortan de manera obligada entonces el Estado las debe reeducar para que quieran ser madres“, manifiesta Verónica Cruz.

El ministro Arturo Zaldívar propuso declarar la inconstitucionalidad del aborto en todo el país, pero sus homólogos de la Corte la rechazaron. El tema se analizará de nuevo en los próximos meses.

(Con información de BBC)

Comentarios