Y después de la indignación, ¿qué sigue?

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En un país de profundos contrastes sociales, donde la mayoría de población percibe una quincena que va de los mil 500 a los 3 mil pesos, el salario mensual de 200 mil 174 pesos de los diputados locales no sólo indigna sino que solivianta el encono, cada vez más patente, de la población ante la clase política.

El asunto no puede reducirse a la cicatería de quién gana más; es una cuestión de moral, de sensibilidad social que, al parecer, nuestros diputados carecen.

De acuerdo a la página de transparencia de gobierno del estado, los 25 diputados perciben una dieta de 77 mil 476 pesos; previsión social, 68 mil; fondo de ahorro, 15 mil; gasolina, 10 mil; teléfono, 4 mil 493; por presidir comisión 15 mil y otros 10 mil 204 pesos por pertenecer a un grupo parlamentario.

El año pasado percibían 113 mil 562 pesos: 57 mil 865 de dieta; combustibles, 8 mil; servicio telefónico, 4 mil 493; por presidir comisión, 15 mil; por pertenecer a una bancada 10 mil 202 pesos y para previsión social 18 mil pesos.

Ahora, después de darse a conocer este aumento que los mismos diputados dispusieron hace ya algunos meses y de la repulsa social generada, piden suspender la partida de 68 mil pesos de previsión social, la cual origina un recurso superior a los 20 millones de pesos al año.

Con esto, los legisladores locales demuestran que dinero sí hay. Lo que falta es la voluntad para ejercerlo de manera adecuada. Se podría, en ese sentido, canalizar esos millones de pesos a la Sedescol –cuyo presupuesto en programas de asistencia social es similar—para que ayude a las personas en pobreza extrema que, de acuerdo a su padrón, realmente necesitan un apoyo.

También están los bomberos, quienes de manera voluntaria laboran en condiciones precarias por no contar con equipo actualizado o, simplemente, por carecer de él. Ya no se hable de las cientos de institutos de asistencia social que trabajan con fines altruistas, como la Cruz Roja, Albatros, Tiempo de dar Más, entre otro más, los cuales bregan cada mes por obtener recursos para ayudar a la gente.

Los diputados, por más buenas intenciones que tengan, deben entender que su función es legislar y fiscalizar los recursos públicos. No pueden tener, por lo tanto, una partida de millones de pesos al año que aparentemente sirve para fomentar la política clientelar o, peor tantito, engrosar un sueldo jugoso. Tampoco deben tener un aguinaldo ni otras prestaciones que son sólo para la clase trabajadora. Es un abuso.

Dos puntos

Se requiere la implementación de candados para que los diputados no puedan aumentar, de manera discrecional, su dieta y demás percepciones. Ya son otros los tiempos. Pero parecen no entenderlo.

Una felicitación al reportero Juan Carlos Flores, cuyo trabajo acucioso permitió difundir este asunto. Porque si no, ni pío de los diputados.

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