Frenan vecinos desalojo de viviendas

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Habitantes de la colonia Fovissste Villa Izcalli, al norte de Villa de Álvarez, frenaron mediante un acto de resistencia el desalojo de sus viviendas ordenado por la Juez Tercero Mercantil.

Tras las siete casos registrados la semana pasada por esta orden judicial, hoy a las 8:30 de la mañana continuaron los desalojos en la Privada Akautlan 910. Sin embargo, en esta ocasión los vecinos formaron una valla humana para impedir el acceso de las autoridades a la vivienda.

El actuario del juzgado mercantil, Javier García Cuenca, informó que el 23 de junio pasado se emitió la resolución que ordena la “entrega real y material” de 50 inmuebles de esta zona en favor de la empresa JAYM Constructora.

Derivado de un juicio que JAYM (propiedad de Pablo Navarrete Zamora) ganó a Constructora de Túneles y Puentes, ésta última pagará con los inmuebles que ya había vendido a estas familias en el año 1994.

“Si la persona de la casa me muestra un papel fehaciente, notariado o con sentencia judicial que acredite que son dueños o posesionarios, yo soy el primero que me tengo que negar a llevar a cabo esta negligencia. Recibos de agua y luz que no son jurídicamente válidos”, explicó García Cuenca a los medios de comunicación.

Indicó que la obstrucción de la impartición de justicia es un delito, por lo que solicitaría el uso de la fuerza pública. Asimismo, expresó que de no lograr ingresar al domicilio tampoco lo harían en otros aunque subrayó que la orden judicial deberá ser ejecutada.

La delegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, encabezó la protesta para impedir los desalojos. Resaltó que la orden judicial es contra una constructora, no contra las familias que residen ahí.

La perredista dijo que la orden judicial es ilegal porque no llamó a juicio a las familias que desde hace al menos 20 años tienen posesión de estos predios. Mencionó que existen los contratos de compra-venta entre la constructora y las familias en poder de un notario público, los cuales aún no ha sido rescindidos.

Alejandro Espinoza, actuario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), levantó un acta de los hechos y señaló que dejaría constancia en caso de que hubiera detenciones ilegales por parte de la Policía Estatal.

Alrededor de las 12 del día, las autoridades judiciales y policiales se retiraron del lugar.

Hasta hoy se han concedido cinco suspensiones temporales contra el mismo número de viviendas. Este jueves el Juzgado Segundo de Distrito determinará si concede un amparo colectivo. De ser así, el juzgado mercantil deberá reiniciar el juicio tomando en cuenta a las familias afectadas.

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