Castigo a ex Gobernador confronta a diputados

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Imagen: Archivo

El dictamen que aprueba la inhabilitación para ocupar cargos públicos y sanciones económicas contra el ex Gobernador Mario Anguiano Moreno y cinco funcionarios más enfrentó a los diputados del PAN y Movimiento Ciudadano con los del PRI y PT.

Durante la sesión legislativa realizada el viernes pasado, la Comisión de Hacienda presentó el dictamen que ratifica las sanciones propuestas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) contra el ex mandatario y sus colaboradores por el desvío de 638 millones de pesos.

Incluso, se propuso el embargo precautorio de los bienes inmuebles y empresas de los seis presuntos implicados pero, a propuesta del panista Luis Ladino, este resolutivo fue retirado del dictamen mediante votación mayoritaria.

El primero en hablar desde la tribuna —durante una discusión que se prolongó por casi tres horas— fue el priista Santiago Chávez Chávez quien presentó una propuesta para regresar el dictamen al Osafig.

El legislador argumentó que no se detectó la garantía de audiencia y el debido proceso legal de los seis presuntos infractores.

A su vez, la priista Juana Andrés Rivera acusó a la fracción del PAN de querer “generar condiciones” para que los investigados “puedan evadir la justicia por la mala integración de expedientes“.

En respuesta, el diputado Alejandro García Rivera, del PAN, señaló que de aprobarse el dictamen, éste será turnado a la Comisión de Responsabilidades del Congreso donde los implicados serán escuchados.

“Solamente concluye el proceso de auditoría y revisión, y no aplica las sanciones, son propuestas, son presuntos responsables y en la Comisión de Responsabilidades se les dará el derecho (de audiencia)“.

La diputada de MC, Leticia Zepeda Mesina, calificó de “histórica” esta auditoría porque “nunca antes habíamos tenido un resolutivo que pudieran señalar ni con el pétalo de una rosa a funcionarios de tal envergadura”.

Consideró el PRI podría estar intentando retrasar la aprobación de las sanciones para que “alguien haga uso de triquiñuelas con el fin de detener este proceso”.

En su intervención, Joel Padilla Peña, del PT, manifestó su sospecha de que el dictamen se hizo para que “caiga fácilmente”.

Asimismo, el legislador del PRI, Héctor Magaña Lara, afirmó estar a favor de aplicar “todo el peso de la ley” sobre los responsables. Sin embargo, “nuestra preocupación es no dejar un espacio para que las personas involucradas nos puedan ganar la batalla en los tribunales“.

La panista Norma Padilla acusó a “la fracción del PRI y sus aliados” de realizar una defensa simulada en el Pleno para beneficiar al ex Gobernador priista y sus colaboradores.

En ese sentido, Martha Sosa Govea, del PAN, comentó que pareciera que sus homólogos están “implementando prácticas dilatorias” en el caso.

El coordinador parlamentario del PRI, Federico Rangel Lozano, aseguró que su partido está a favor de la legalidad y desean que “no haya resquicio” en el dictamen “que signifique impunidad”.

Finalmente, el panista Nicolás Contreras Cortés manifestó su preocupación por “algunos resquicios legales” que detectó, los cuales “pudieran propiciar que los presuntos implicados puedan salir impunes debido a cuestiones técnicas y legales”.

Dicen que no se pone en riesgo el procedimiento que están instaurando. Sin embargo, para mí es muy importante dejar constancia pública de las mismas. Aún así daré mi voto a favor del dictamen esperando que todo salga bien porque es mi mas profundo anhelo que se haga justicia”, puntualizó.

El dictamen se aprobó con 13 votos a favor del PAN-MC y 11 en contra del PRI-PT-Panal-PVEM. A la sesión se ausentó el panista Crispín Guerra.

Las sanciones aprobadas son:

  • Al ex Gobernador Mario Anguiano: inhabilitarlo 14 años de cargos públicos y sanción económica directa por 707 millones de pesos.
  • Al ex secretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos: inhabilitarlo por 6 años y sanción económica subsidiaria por 707 millones de pesos.
  • A la ex secretaria de Finanzas Blanca Isabel Ávalos Fernández: inhabilitarla por 10 años y sanción administrativa por 707 millones de pesos.
  • A la (aún) directora general de Egresos, Adriana Vargas Valle: inhabilitarla por 10 años y sanción administrativa por 638 millones de pesos.
  • Al director de Presupuesto, Jorge Anguiano Olmos: inhabilitarlo por 10 años y sanción administrativa por 638 millones de pesos.
  • Al coordinador general de Egresos, Ricardo Arteaga González: inhabilitarlo por 6 años y sanción económica directa por 12.5 millones de pesos.

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