Nacho eliminará impuestos… a empresarios

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Para Nacho, mayo fue el mes de los empresarios colimenses.

En tan sólo diez días, el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez propuso eliminar el impuesto que cobra a las escuelas privadas y destinar un porcentaje del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a una organización civil creada por los propios empresarios.

Ambas iniciativas suman 20 millones de pesos que el Estado dejaría de recibir. Esta cantidad es 10 veces el presupuesto anual del Instituto Tecnológico de Colima o tres veces el presupuesto de la Secretaría de la Juventud.

Este monto también sería suficiente para otorgar anualmente la Beca de Manutención a 1 mil 900 universitarios, apoyo alimentario a 3 mil 500 familias o pensión a 4 mil 500 adultos mayores.

El 20 de mayo, Peralta Sánchez entregó al Congreso del Estado una iniciativa para que los empresarios puedan destinar hasta 5 por ciento del ISN a organizaciones que vigilen, evalúen y den seguimiento a las acciones de gobierno, es decir, a Cómo Vamos Colima.

Cómo Vamos Colima es una organización civil creada por los miembros de las cámaras y asociaciones de empresarios de la entidad. Con esta iniciativa, el monto que los empresarios destinarán para ellos mismos podría ascender a los 12 millones de pesos anuales.

El 31 de mayo, el mandatario colimense presentó otra iniciativa con el fin de eliminar el Impuesto a la Prestación del Servicio de Enseñanza de 2 por ciento que se aplica a las escuelas privadas, el cual asciende a 8 millones de pesos anuales.

Según el Gobernador, esta “carga económica” impide que las escuelas particulares puedan mejorar los servicios educativos que prestan o ampliar su oferta educativa. Consideró que esto permitirá que la educación “se preste bajo estándares de mayor calidad y se extienda al mayor número de niñas y niños posible”.

El mismo día, las fracciones parlamentarias del PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa en el mismo sentido.

Según la panista Julia Jiménez, la educación está reconocida como un derecho humano y el Estado está obligado a impartirla. Sin embargo, consideró que el gravamen “no cuenta con sustento que explique la realización de tal cobro”, además de volver la educación “menos accesible para las personas”.

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