En México, claroscuros en derechos de la infancia y la adolescencia

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Imagen: @UNICEFMexico

Los resultados presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y UNICEF México nos recuerdan que la pobreza que viven niñas, niños y adolescentes no ha cambiado en la última década: 53.9% de la niñez en nuestro país es pobre; 12 puntos porcentuales por arriba de la población entre los 18 y los 64 años de edad.

Esto da cuenta que ser niño o niña sí condiciona el vivir en situación de pobreza así lo informa Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia (Redim), al hacer un balance en el marco del Día del Niño y la Niña.

Desde 1995 Pérez García trabaja en coordinación con organizaciones civiles a nivel nacional en la defensa de los derechos humanos de este grupo social.

Para Juan Martín Pérez García, en el estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México (2014) se destaca la población indígena con mayor vulnerabilidad, donde 8 de cada 10 personas menores de 18 años viven en pobreza. La pobreza extrema alcanza en México a 4.6 millones de niñas y niños quienes de acuerdo con los indicadores tienen dificultad para comer al menos una vez al día.

Reitera “estas no son solo cifras, son niñas y niños quienes para sobrevivir en muchas ocasiones tienen que trabajar a edades tempranas (2.5 millones, INEGI, 2013) cuando es una obligación del Estado mexicano establecer políticas laborales que permitan mejorar los ingresos familiares y reducir las carencias sociales”.

Asimismo, esta situación de pobreza se asocia con una mayor exposición a vivir situaciones de violencia.

Particularmente colocamos el acento en la violencia sexual en contra de niñas y niños: los casos de pedofilia en Tabasco y Guerrero, de presunto lenocinio en Coahuila y en el Distrito Federal de abuso sexual infantil en el Colegio Montessori Matatena, donde a decir de las familias la Procuraduría de Justicia del DF ha obstaculizado las investigaciones, perpetuando la impunidad e impidiendo el acceso a la justicia a las víctimas y sus familias.

Lo anterior se suma a una cadena de sucesos que van dando cuenta que las violaciones y el abuso sexual hacia los niños y las niñas es uno de los tipos penales más recurrentes en nuestro país y que sin embargo no en todas las legislaciones es considerado como delito grave.

La manifestación del pasado 24 de abril #24A mostró experiencias de acoso sexual vividas por mujeres adultas a través del hashtag #MiPrimerAcoso una gran cantidad de las denuncias emitidas ocurrieron cuando eran niñas, ratificando que la violencia de género, la discriminación y particularmente la violencia sexual inicia en la niñez y se encuentra normalizada en nuestra sociedad.

A este panorama de violencia de género se suma las desapariciones forzadas, según información gubernamental destaca -el activista social-, se encuentra también la desaparición forzada.

El 30 por ciento de los registros de desapariciones en México son de personas menores de edad (6,725 RNPED 2006-2014). En el mismo periodo en el segmento de 15 a 17 años de edad, 7 de cada 10 personas desaparecidas eran mujeres. Este es otro tipo de violencia que puede terminar en trata, violencia sexual o feminicidio.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) reitera su preocupación, ya que pese a que la desaparición de un ser querido significa mucho dolor y deja una estela de incertidumbre y pesar en la vida de miles de familias mexicanas el Estado mexicano no ha mostrado interés por proteger, prevenir y buscar a estos niños y niñas ya que el Congreso de la Unión dejó hasta el final la votación de la Ley General de Personas Desaparecidas.

Bajo esta lógica, es claro que las autoridades continúan estigmatizando a las personas desaparecidas y el escarnio social se refleja en el poco interés para atender esta grave crisis de derechos humanos que se expresa con mayor dureza en los casos de niñas y niños, informa Juan Martín Pérez García.

La justicia penal

Los efectos de pobreza, está también impacta de forma importante la falta de oportunidades para niñas, niños y adolescentes, en este sentido, saludamos la decisión de las y los Senadores al aprobar el dictamen de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, una Ley que ha esperado ya once años. Desde Redim “hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que sea aprobada de forma inmediata antes de que concluya el periodo legislativo”.

Frente a este escenario, le hacemos un recordatorio al Estado mexicano que aún tiene una gran deuda con los derechos de la infancia en nuestro país los cuales se encuentran plasmados en las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC-ONU por sus siglas en inglés, junio de 2015) y en el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA, 2015) que resaltó el gran impacto que tiene la violencia y la lucha contra el crimen organizado en la niñez en México.

Pese a esta descripción, el panorama no es el todo oscuro –puntualiza Juan Martín Pérez–esperamos que se cumpla con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que haya sólidos avances en la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA) que no quede solo en un acto protocolario sino en la designación de presupuesto para la articulación de las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno y sea posible focalizar las tareas en estos temas que son urgentes para la infancia.

En Redim reconocemos el liderazgo que ha mostrado la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA de la Secretaría de Gobernación para avanzar en el cumplimiento de la Ley General, así como la importante tarea que ha desempeñado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) en este proceso de tránsito hacia una nueva institucionalidad así como en el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección.

Así como también hacemos nuevamente “el llamado para que en la misma lógica que ha tenido el trabajo a nivel nacional, en la instalación de los Sistemas a nivel estatal y municipal se brinden los espacios de participación para la sociedad civil que ha venido trabajando a favor de los derechos de la infancia desde hace años y se reconozca en su expertiz a un aliado”.

Enfatizamos la relevancia de que se establezcan mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes dentro de este Sistema (a nivel nacional, estatal y municipal) para avanzar hacia la ciudadanía infantil, estos mecanismos deberán garantizar participación real, directa, activa y continúa. Dicha exigencia la dimos a conocer a través de las acciones de etiquetadas con el hashtag #MiPalabraCuenta donde se unieron en una acción simultánea diversos estados de la República: Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz, entre otros.

Destacamos, en “la instalación del Comité Técnico de Información Especializada sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en INEGI, del cual somos parte, como otro avance importante lo que permitirá contar con información relevante que orientará las decisiones de política pública y avanzar en la articulación de las acciones del Estado mexicano en torno a la infancia y la adolescencia”, finalizó.

Marco Antonio Pérez Gaspar/NotiCASS

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