Cuando el crimen rebasa al Estado

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La nota roja en Colima se ha convertido en información cotidiana.

Desde diciembre pasado se registra un homicidio doloso al día en promedio. El mes de febrero 2016 ya superó por mucho los episodios más violentos desde que empezaron las olas de asesinatos en el año 2010.

A escasos días de finalizar el mes de marzo, el Gobernador Ignacio Peralta Sánchez declaró que existían registros de 49 homicidios, una cifra mayor a la del mes anterior.

La situación que se vive en Colima se inserta en un repunte de homicidios a nivel nacional, aunque no todas las entidades federativas sufren este efecto.

Las explicaciones oficiales parecen parciales y dudosas, pues se insiste en que en estos episodios se encuentra involucrada gente de fuera, y se asume que exclusivamente son criminales.

A esto se suman culpas endosadas a la administración anterior, sobre todo a la falta de inversión en seguridad.

Sin embargo, en el año 2013 inició una tendencia a la baja importante del número de homicidios, mientras que el presupuesto para seguridad apenas se mantuvo igual que el año anterior. Por lo tanto, no hay una relación importante entre presupuesto y homicidios.

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Curiosamente, de 2014 a 2015 el presupuesto en seguridad aumentó y los homicidios también.

Entonces, o bien la eficiencia del Estado no depende tanto del dinero, o los crímenes se desarrollan de forma independiente, y el gobierno simplemente no tiene forma de intervenir en prevenir o corregir estas situaciones.

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La mayor parte de homicidios dolosos se han cometido en tres municipios: Colima, Tecomán y Manzanillo.

Por diversas razones, Tecomán se ha convertido en el foco de la nota roja, pero no deberíamos perder de vista el puerto de Manzanillo y la capital del estado, ésta última incluso supera en números absolutos los homicidios registrados en Tecomán desde 2010.

Las explicaciones de las autoridades estatales y municipales dicen que los conflictos son provocados por externos, y que incluso la gente asesinada no es de Colima.

Según datos del Inegi, desde el año 2010, 90 por ciento de las personas asesinadas en territorio colimense tienen su domicilio en este estado. Esto nos obliga a rechazar que los homicidios tienen una lógica explicativa exógena.

Pero esto no quiere decir que todas las personas asesinadas tienen que ver con el crimen organizado, y si rechazamos esta afirmación, cabe preguntarnos cuántas de las víctimas se suman al famoso concepto de Felipe Calderón sobre los “daños colaterales”.

Con esta precaución, también parece prudente asumir que el crimen tiene sus estructuras operativas arraigadas en Colima, o sea que deberíamos dejar de echarle la culpa a Jalisco y Michoacán para asumir que éste es un problema endógeno.

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Si seguimos la tesis del crimen organizado, es importante atender la focalización de las oleadas de homicidios en estos municipios, pues Colima es el centro financiero del estado y el municipio que mayor actividad económica concentra ¿se estará combatiendo el lavado de dinero como parte de la estrategia de seguridad?

El municipio de Manzanillo tiene valor propio por el puerto. Ya diversos medios de comunicación han dado cuenta de las actividades de tráfico de estupefacientes y recursos naturales que tienen base operativa en el municipio costero.

En Manzanillo se han encontrado bolsas con restos humanos y narcomensajes, supuestamente adjudicados por grupos del crimen organizado.

En octubre 2015 se publicó un video en YouTube con “El corrido del R18”. En este corrido se relata la llegada del Cartel de Sinaloa al puerto de Manzanillo.

Según informa el Blog del Narco, la actual oleada de inseguridad y violencia tiene que ver con una disputa entre el Cártel Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el territorio colimense.

Es alrededor de este mes cuando la oleada de homicidios que hoy impacta a Colima comenzó a repuntar.

Si suscribimos a esta explicación ya son cinco meses en los que las disputas del crimen organizado están alterando la vida de los colimenses y normalizando la violencia en la sociedad.

Durante el gobierno de Mario Anguiano estas oleadas fueron prácticamente imparables bajo las estrategias adoptadas. Cuando se instaló un perfil militar al mando (el General Raúl Pinedo), la incidencia de homicidios no se detuvo y pasaron casi dos años para que este fenómeno bajara su intensidad. Como vimos, parece que tampoco la inversión por sí sola registre resultados sustanciales.

Las afirmaciones iniciales son preocupantes, pues a la luz de los hechos y los datos, parece que no existe capacidad del Estado para afrontar las oleadas de contingencia delictiva que aparentemente surgen como producto de las disputas entre cárteles.

Lo preocupante es que autoridades municipales y estatales repiten las inercias de negar el problema y responder con patrullas y armas a una situación que parece estar fuera de su alcance.

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