Valida Congreso al “fiscal de hierro” para Colima

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Los diputados del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PVEM votaron a favor de la designación de Felipe Muñoz Vázquez como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En sesión realizada ayer por la tarde, el panista Luis Ladino Ochoa expuso que aunque Muñoz Vázquez es una propuesta “cuestionada”, éste acreditó “gozar de buena fama pública”.

Dijo que el ex titular de la Subscretaría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) no se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, tampoco registra antecedentes penales en el ámbito federal o local, y “aprobó los exámenes de control y confianza”.

“Consciente de la necesidad de una debida procuración de justicia que repercute en seguridad publica del estado, emite un voto de confianza a favor del Ejecutivo estatal para que con su propuesta se implementen las medidas de seguridad y de prevención del delito para lograr un estado más seguro”, expuso Ladino Ochoa a nombre de la Comisión de Justicia.

En su interveción, la diputada Lety Zepeda Mesina, de MC, dijo que “Colima está urgido” de paz y justicia, ante la actual “ola de violencia” en la entidad.

“La tortura ha sido el alimento más eficaz para la impunidad. Estamos ciertos de necesidad de un Procurador de Justicia, va el voto de Movimiento Ciudadano a la sabiduría con la que seguramente vino la propuesta del Gobernador para remediar esta situación”, manifestó.

“Va ese voto de confianza por Colima, por la necesidad que tenemos de transcurrir en nuestro Colima con tranquilidad. Conmino a nuestro nuevo Procurador para que asuma esta responsabilidad como si viviera aquí en Colima, como si tuviera a sus hijos aquí, como si todos lo conociéramos”, añadió.

Los diputados Héctor Magaña, Juana Andrés, Gaby Sevilla, Mirna Edith Velázquez y Joel Padilla estuvieron ausentes.

Ayer Perriodismo publicó que Muñoz Vázquez fue defensor de la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa y tuvo al menos 272 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos —incluyendo torturas— cuando estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia y la Policía Ministerial de su natal Aguascalientes.

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