El aborto en Colima

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Los derechos humanos no son negociables. Un foro en Colima para discutir un derecho que ya nos otorga la constitución relacionado con el acceso al aborto legal y seguro, resulta una forma de darle la vuelta a un ordenamiento jurídico de validez en toda la República Mexicana. Es una forma de evadir el cumplimiento del Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que en este país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, garantizará su protección y su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

El foro convierte al aborto en un  tema de política criminal, olvidando que es un asunto de  derechos humanos. No reconocer el derecho a decidir ubica a las mujeres como posibles criminales y no como sujetas titulares de derechos.

En el periodo de 2008 a 2010, en México, tuvimos una oleada de reformas constitucionales en 16 estados, Colima incluido,  orientadas a “proteger la vida desde la concepción”, las cuales, a pesar de que no anulan las causas legales de aborto reconocidas en los códigos penales de cada estado, en los hechos sí han afectado los derechos humanos de la mitad de las mujeres mexicanas, además representan una forma de violencia institucional y de discriminación de género. Dicha protección de la vida del nonato se ha convertido en una argucia jurídica contra la posibilidad de establecer el derecho a interrumpir el embarazo y un blindaje para que no suceda la despenalización en otras entidades federativas como ya es un hecho en la Ciudad de México.

Despenalizar el aborto implica acciones de justicia social y de salud pública, relacionadas con el derecho a la vida de las mujeres, con la salud en general y específicamente, con la salud reproductiva de las mujeres. Tiene que ver con la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres, derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En pleno siglo XXI las mujeres no podemos decidir libre y legalmente sobre nuestro propio cuerpo. Eso significa que existe una disputa política sobre nuestros cuerpos, donde los otros: Estado, autoridades y, en general, el sistema patriarcal, disponen e imponen su agenda sobre todas las mujeres y sobre nuestros cuerpos.

Significa también que el principal cautiverio de las mujeres, que es el de ser socialmente aceptadas sólo como madres y esposas, como apunta críticamente Marcela Lagarde, forman parte todavía de la opresión patriarcal, que se perpetúa a través de nuestras leyes, violando nuestros derechos humanos.

Los derechos humanos de las mujeres no son negociables y tienen vigencia en todo el territorio nacional, sin excepción alguna.

En México, las mujeres que mueren porque no tienen un aborto seguro son muchas. Quienes no tienen un aborto seguro son las mujeres más desprotegidas, las más pobres de las pobres y las indígenas, por eso, la penalización del aborto implica una gran injusticia y fomenta la desigualdad social.

El Estado de Colima está muy lejos de cumplir con sus obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía del derecho a servicios de aborto legal y seguro para las mujeres. Es imperante corregir este incumplimiento. El Congreso del Estado de Colima y sus integrantes,  con este foro, están violando el artículo primero de la constitución, que los obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los terminos que establezca la ley. Hay que reparar la Ley en Colima, para que no se violen los derechos humanos de las mujeres.

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