En México, más de 25 mil desparecidos en 10 años; abusos y tortura, comunes: HRW

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En el informe mundial 2016, la organización Human Rights Watch (HRW) describe y analiza el estado de los derechos humanos en más de 90 países.

El panorama que describe la organización internacional para México, está marcado por indicadores alarmantes de desapariciones forzadas, violación a derechos humanos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y especiales condiciones de riesgo para el periodismo.

Las denuncias de HRW son consistentes con los reportes de organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, organismo que a través de su Comité contra la Desaparición Forzada, señaló que existe un “contexto generalizado” de desapariciones en México.

Incluso las alertas en materia de derechos humanos le han valido al gobierno mexicano la retención de 5 millones de dólares de los fondos de asistencia de la iniciativa Mérida, con la que Estados Unidos brinda ayuda financiera para combatir la delincuencia organizada.

El Congreso del país vecino argumentó la retención de este recurso debido a que no podía confirmar que México cumple con los criterios requeridos en materia de Derechos Humanos.

El reporte 2016 de HRW señala que durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada, y apunta cómo se han logrado muy pocos avances para juzgar a los responsables de abusos recientes, sobre todo los que respectan a soldados y policías desde el inicio de la «guerra contra el narcotráfico» de Felipe Calderón.

El reporte de la organización hace énfasis en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y las inconsistencias de la investigación gubernamental que expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HRW retoma cifras oficiales para insertar este caso en una cifra de más de 25 mil 500 desapariciones forzadas en el país desde el 2006, año que inició la “guerra contra el narcotráfico” por iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón.

Entre las regularidades que la organización detecta, se encuentran los asesinatos ilegales cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, donde destacan casos como el de Apatzingán y Tahuato en Michoacán.

Se mencionan «numerosas violaciones de derechos humanos» cometidas por las fuerzas armadas en medio de la lucha contra el narcotráfico, sin existir condenas significativas contra ningún militar. A esto se añaden prácticas comunes de tortura que incluyen ”golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual».

Se denuncia que muchas de las víctimas detenidas arbitrariamente no cuentan con un proceso adecuado de investigación y juicio, y muchas veces los detenidos permanecen incomunicados en bases militares y centros de detención ilegales.

A esto se añade que el sistema penal no logra proporciona justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos, principalmente debido a la corrupción, la falta de capacitación y recursos suficientes.