Al menos una veintena de organizaciones, redes y defensores de derechos humanos exigieron a Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), investigar a María Elena Díaz Rivera, delegada de la Procuraduría Agraria en Colima.
A través de un escrito, los defensores ambientales y de derechos humanos manifestaron su «profunda» preocupación por el «ambiente de violencia» que se vive en la comunidad indígena de Zacualpan, promovido -señalan- por el Gobierno del Estado y la delegada Díaz Rivera por el intento de instalar una mina en esa zona.
Por esta razón, solicitaron a Robles Berlanga, y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, abrir una investigación sobre la actuación de Díaz Rivera «para considerar su remoción y deslinde penal por sus actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad».