Perriodismo

Con Mario Anguiano, deuda tras deuda

Las finanzas del gobierno estatal enfrentan una situación de déficit por 1 mil 500 millones de pesos, una asfixia financiera que dificulta la prestación de servicios, las transferencias, la obra pública y el hasta el pago de los créditos a corto plazo.

Uno de los temas más debatidos por la oposición es la deuda pública. Si bien ésta no necesariamente es la causa del déficit, sí ayuda a entender la situación financiera del gobierno estatal.

Con el manejo financiero del presente sexenio, pareciera que el gasto del gobierno se mantuvo a base de deudas pues prácticamente cada año se contrató al menos un crédito.

Actualmente la deuda del Estado de Colima es de de 3 mil 776 millones 513 mil 115 pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Lo anterior según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de los reportes financieros emitidos por agencias calificadoras como Fitch and Ratings y HR Ratings.

De acuerdo al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios de la SHCP, actualmente el Gobierno del Estado de Colima tiene cinco créditos a largo plazo: dos con Banorte y tres con Banobras con un saldo de 2 mil 223 millones 349 mil 650 pesos.

Asimismo, dos créditos cupón cero con Banobras de los que el Gobierno Estatal, no paga el capital sino ‘únicamente’ un interés anual de 8.63 por ciento durante 20 años. Los créditos fueron contratados en marzo 2012 por 280 millones de pesos y en agosto 2013 por 660 millones.

Adicionalmente, existen tres deudas a corto plazo contraídas con la banca privada durante los primeros meses del 2015. Dos ya vencieron (con Bancomer y HSBC) con un saldo pendiente de 343 millones 500 mil pesos, y otra con Banco Interacciones por un monto de 62.5 millones de pesos que vencerá el 31 de agosto.

El historial 

En 2009, recién llegado al Poder Ejecutivo y con una deuda heredada de 1 mil 200 millones de pesos, Mario Anguiano solicitó a la SCHP un adelanto de participaciones por 300 millones de pesos, aunque únicamente le autorizaron 100 millones, con el fin de completar el pago de sueldos y aguinaldos de los Ayuntamientos.

Del mismo modo, una de sus primeras acciones fue no renovar el contrato a 940 empleados. Un año después, en septiembre 2010, la Secretaría de Salud cesó a 150 personas más.

En diciembre 2011, el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal un endeudamiento hasta por 1 mil 200 millones de pesos para realizar obras de reconstrucción por los daños del huracán Jova e inversiones productivas.

Este crédito se dividió en dos: uno por 280 millones (cupón cero) y otro por 900 millones de pesos.

De acuerdo a las declaraciones del entonces secretario de Finanzas, Jesús Orozco Alfaro, los 280 millones 948 mil 782 pesos, obtenidos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (Fonrec), fueron utilizados para inversión en vivienda, desarrollo urbano, obras hidráulicas, carreteras, salud, educación, infraestructura deportiva y residuos sólidos.

Según el Presupuesto de Egresos 2015, este año el Gobierno del Estado pagará 24 millones 582 mil 628 pesos por el interés anual del Fonrec. La deuda vence hasta abril 2032, por lo que aún restarían aproximadamente 393 millones 322 mil 48 pesos de intereses.

Por su parte, el monto de 900 millones de pesos se gastó en «obras que no entran en el Fonrec» como viviendas y reservas territoriales, seguridad pública (donde destaca la cuestionada compra del helicóptero de Protección Civil), la modernización del Registro Público de la Propiedad, y entre otras cosas, la adquisición de un terreno en La Campana para la construcción del Parque Metropolitano.

Extrañamente ese año se justificó el cobro del Impuesto sobre la Tenencia Vehicular bajo el argumento de que el dinero recabado se utilizaría en la compra del terreno para construir el Parque Metropolitano de La Campana.

En septiembre de 2012 el gobierno despidió a 439 personas más.

Durante el año 2013, el gobierno estatal solicitó dos créditos más: uno por 660 millones 700 mil pesos para refinanciar la deuda a corto plazo y otro cupón cero de 159 millones 963 mil 93 pesos para realizar obra productiva. Éste último a través del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (Profise) de Banobras con una tasa fija de interés anual de 9.20 por ciento hasta agosto 2033.

Según el Presupuesto de Presupuesto de Egresos 2015, este año el Gobierno del Estado pagará 14 millones 664 mil 574 pesos por el interés anual del Profise (no se paga el capital). Es decir, desde el año 2016 hasta el 2033, el Gobierno del Estado pagaría 263 millones 962 mil 332 pesos más de intereses.

En cuando al refinanciamiento de 660 millones, el Congreso del Estado lo autorizó bajo el argumento de que esta estrategia daría mayor flujo de liquidez y efectivo al gobierno y evitaría una calificación creditiva negativa para la entidad.

Ahora, dos años después, el gobierno contrató nueva deuda a corto plazo con instituciones bancarias, cayó en la calificación crediticia, y anunció un déficit financiero junto con una serie de medidas, entre ellas, el despido de 1 mil 500 trabajadores.

En el boletín emitido el 5 de agosto por HR Ratings se hace pública una nueva deuda a corto plazo adquirida por el gobierno estatal con tres instituciones de la banca privada: Bancomer por 200 millones,  HSBC por 180 millones y Banco Interacciones por 500 millones de pesos.

Los pagos de estos créditos han sido incumplidos parcialmente, pues a su fecha de vencimiento (31 de julio) no se liquidó el crédito de Bancomer por 200 millones y se liquidó parcialmente el de HSBC, debiendo aún 143 millones. El crédito con el Banco Interacciones vence el 31 de agosto, con un saldo pendiente de 62 millones 500 mil pesos.

Al sumar el saldo de los créditos a largo plazo y a corto plazo, así como la suma de los intereses anuales de los créditos cupón cero, actualmente la deuda del Poder Ejecutivo asciende a: 3 mil 776 millones 513 mil 115 pesos, sin considerar los intereses que se generan con los cinco créditos a largo plazo.

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