Tras anunciar el recorte de mil 050 trabajadores de confianza, quienes podrán ser recontratados por la próxima administración sin perder su antigüedad, y otras medidas que permitirán un ahorro de 42 millones de pesos, el Gobernador Mario Anguiano Moreno sostuvo que Colima y los colimenses «merecemos gobiernos responsables».
A continuación el discurso completo que Anguiano Moreno leyó esta mañana ante los medios de comunicación:
Desde su inicio, la administración estatal que honrosamente encabezo, ha tenido que enfrentar vicisitudes económicas que la han puesto a prueba.
La reducción en los porcentajes de participaciones federales, los impactos económicos para atender, vía empréstitos y a través de aportaciones directas del Gobierno del Estado, los daños ocasionados por fenómenos naturales; los recursos extraordinarios para afrontar los gastos emergentes para la seguridad pública, que se vio agravada a partir de 2010; los recursos para los avances en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; el pago a jubilados y pensionados; el pago para el personal del magisterio estatal, y para servicios personales en general de la administración estatal, entre otros egresos significativos, han llevado a esta administración a un desequilibrio financiero.
Este desequilibrio financiero, es decir, un déficit estatal que se expresa con menores ingresos respectos de un monto mayor en egresos, es de 1,598.5 millones de pesos al día de hoy.
Por su parte, para atender la educación federalizada en Colima, se tiene un adeudo de 593 millones de pesos, mismos que estamos gestionando ante las instancias federales correspondientes para subsanar el déficit en ese rubro.
No obstante lo anterior, con el propósito de lograr nuestro objetivo de ser el Gobierno más eficiente, el que mejor atiende a la población, decidimos no sólo no crear ni incrementar ningún impuesto que lesionara la economía familiar, sino incluso tomamos la decisión de no cobrar el Impuesto a la Tenencia de Vehículos desde 2012, y exentamos del pago de algunos impuestos y derechos a los empresarios colimenses, que tuvieron afectaciones por los fenómenos naturales.
De todos los egresos significativos para mi gobierno, el que más ha impactado al desequilibrio financiero es, sin duda, el que se refiere a los gastos en Servicios Personales.
Para explicarlo con mayor claridad, en 2009 iniciamos con una planta laboral de 6 mil 378 personas, entre trabajadores sindicalizados, de confianza, funcionarios, supernumerarios, becarios, maestros estatales, y elementos de seguridad pública. Además, de 1,352 jubilados y pensionados. Lo que daba una nómina total de 7 mil 730 personas.
Para el 2014, cerramos el año con una planta laboral de 8 mil 178 personas integrada por los rubros de personal ya mencionados, además de 1,852 pensionados y jubilados, lo que nos da una nómina total de 10 mil 030 personas.
Como se podrá ver, en 5 años el crecimiento gradual de la planta laboral ha sido de 1,800 trabajadores, entre personal del Gobierno del Estado y del magisterio estatal; así como de 500 jubilados y pensionados más que se sumaron a los ya existentes, para hacer un gran total de 2 mil 300 personas adicionales que reciben un pago nominal.
Todo lo anterior, explica en gran medida el desequilibrio financiero del que hoy damos cuenta.
Frente a esa realidad, los responsables del área de finanzas y administración en sus diferentes etapas, propusieron e implementaron medidas, que a la postre resultaron insuficientes para lograr el anhelado equilibrio en las finanzas públicas del Estado.
Por ejemplo, al inicio de la administración no se recontrataron a 940 trabajadores que habían concluido su encomienda con la anterior administración, pero que las circunstancias familiares y de exigencia laboral nos obligaron a recontratarlos en la mayoría de los casos.
Otras acciones que buscaron atender la problemática existente, fue el establecer el Acuerdo de Austeridad y Racionalización del Gasto, cuyas medidas incluyeron disminución en los gastos en servicios generales, materiales y suministros, transferencias; así como la desincorporación de líneas telefónicas móviles, y la desincorporación de vehículos que no estaban asignados al cumplimiento de tareas operativas, o sustantivas de las dependencias del gobierno estatal.
Todas estas acciones se realizaron cuidando que no se detuviera ningún programa, obra o acción de gobierno de beneficio social, ni se afectara a la base trabajadora. La prioridad siempre fue, ha sido y será hasta el final de mi mandato, que la población de Colima reciba el mayor número de beneficios de mi gobierno.
Sin embargo, las medidas resultaron insuficientes; por ello, a partir del segundo semestre de 2013, gire instrucciones al entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que definiera acciones de mayor trascendencia que nos permitieran avanzar en la solución de la problemática, quien no sólo no logró su cometido, sino que además tomó decisiones que complicaron la viabilidad financiera del Gobierno del Estado, lo que motivó que se separa del cargo, y como fue de su conocimiento, tomé la decisión de intervenir personalmente en el análisis y la toma de decisiones en esta área sustantiva de la administración, para la cual designé a la C.P. Isabel Ávalos y un equipo financiero que la respaldara.
El resultado del análisis financiero arrojó dos decisiones directas:
1. Mantener e incrementar la austeridad en el gasto corriente.
2. Realizar los ajustes a la nómina de Gobierno del Estado, con una significativa reducción del personal.
Ante esta lacerante realidad, llevaremos a cabo las siguientes medidas:
1. He decidido reducir en un 50% mi salario como Gobernador del Estado y que no salga el cheque hasta que hayan cobrado la nómina el último de los trabajadores.
2. También se reducirá en un 40% el salario de los secretarios de Estado, el Procurador General de Justicia y los titulares de institutos y órganos desconcentrados; en un 30% la reducción del salario para directores generales; en 15% a directivos y funcionarios cuyos ingresos vayan de 27 mil a 35 mil pesos de ingresos brutos mensuales; y 12.5% la reducción de personal de mandos medios cuyos ingresos vayan de 10 mil a 26 mil pesos brutos mensuales.
3. Se cancela el gasto de publicidad oficial en lo que resta de la administración, excepto en aquellos casos en que por ley estamos obligados a su publicación o difusión, como el caso de edictos y convocatorias; así como en temas relacionados con la seguridad pública, educación, salud y protección civil en casos de emergencia.
4. Mantendremos e incrementaremos las medidas de austeridad y racionalización del gasto público.
5. No serán recontratados aproximadamente 1,050 trabajadores de las diversas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, así como del sector educativo estatal.
Amigas y amigos colimenses,
Representantes de los medios de comunicación:
Las medidas anunciadas, en particular la no recontratación de estos trabajadores, son decisiones impostergables porque sólo de esa manera podemos asegurar en lo futuro, el pago a los trabajadores sindicalizados y de base, de seguridad, de salud, del magisterio, de los jubilados y pensionados; así como de los trabajadores de confianza que se puedan ratificar en sus puestos.
De no hacerlo así, pondríamos en riesgo el pago puntual de los salarios a toda esta base laboral, y la realización oportuna de las obras y acciones de gobierno que benefician a la población.
No quiero dejar de mencionar, que los trabajadores con los que hoy concluimos nuestra relación laboral, fueron contratados en función de los programas de gobierno que esta administración desarrolló, para lograr ser el gobierno que mejor atención le da a su población, y que ha sido motivo de reconocimiento por organismos como el BID, Banco Mundial, OCDE, Ciapem, etc, Todos ellos desempeñaron un papel relevante, y a ellos, va mi reconocimiento y agradecimiento por su trabajo.
Junto con los trabajadores que se quedan, son los que la administración necesitó para lograr los avances que hoy día alcanzamos, y sería muy deseable que se mantuvieran, pero que hoy, ya nos es materialmente imposible continuar con sus pagos.
Al no renovarse sus contratos, bajo ninguna circunstancia se afectarán sus derechos laborales, pues en el finiquito de su relación laboral, les serán pagados y atendidos como lo marca la ley, tan pronto como la disponibilidad financiera nos permita hacerlo.
Incluso, no perderán antigüedad, pues en caso de que sean recontratados en el próximo gobierno por la experiencia y su capacidad acreditada, conservarán los años que tienen laborando, y se sumarán a los que acumulen en el futuro.
También, debo señalar, que es una convicción personal y un acto de responsabilidad política y administrativa, una vez identificado el problema del desequilibrio financiero, tomar las decisiones y sentar las bases para ir logrando de manera gradual el deseado equilibrio financiero de la administración, y que al entrar el nuevo gobernador no tenga condiciones tan adversas, o por lo menos no en la magnitud como las que se habían venido dando en sexenios anteriores.
Colima y los colimenses merecemos gobiernos responsables, que tomen las decisiones que sean necesarias frente a las diferentes adversidades, en este caso económicas, privilegiándose siempre el beneficio de las mayorías, y realizar las mejoras en los servicios, así como las obras, programas y acciones, que nos sigan colocando como una de las entidades con mejor calidad de vida del país.