El Gobierno del Estado de Colima detuvo a 34 habitantes del Ejido Ayotitlán, perteneciente al municipio jalisciense de Cuautitlán, tras el uso de la fuerza pública implementada «a petición» del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada.
Lo anterior, luego de que el miércoles pasado alrededor de 800 habitantes del Ejido Ayotitlán paralizaran los trabajos de Peña Colorada con la exigencia del pago de mil millones de pesos por el uso de sus terrenos.
Ernestino Ciprián Ocaranza, presidente del Ejido, dijo que una parte de la mina se encuentra asentada en sus terrenos ejidales, de la cual no han pagado ninguna regalía durante casi 50 años.
En ese sentido, mencionó que su reclamo está respaldado por una suspensión obtenida a través del juicio de amparo 462/2010 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo.
Ayer, el director general de la empresa, Arturo Tronco Guadiana; el procurador de Justicia, Marcos Santana Montés; y Rafael Gutiérrez Villalobos, secretario General de Gobierno, ofrecieron una rueda de prensa para detallar lo ocurrido.
Al respecto, Gutiérrez Villalobos informó que los detenidos podrían enfrentar hasta 40 años de cárcel por los delitos de privación ilegal de la libertad, despojo y daños.
Comentó que los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) intervinieron a petición de Peña Colorada «para lograr que las instalaciones fueran desocupadas por quienes de manera ilegal estaban despojando a la empresa».
«Estas personas (los manifestantes) nunca cedieron ni se retiraron; por el contrario, se mantuvieron en una postura violeta con la que llegaron y amenazaban con incendiar las instalaciones y equipo de dicho corporativo», dijo el secretario de Gobierno.
«A solicitud de la empresa ofendida, se recurrió a la intervención de la fuerza pública para desalojar a quienes habían tomado por la fuerza algunas áreas de la empresa, mismos que comenzaron a agruparse para agredir a los elementos de la policía con palos, piedras y otros objetos», añadió.
Según Gutierrez Villalobos, son diez elementos policiacos los que resultaron heridos y 6 patrullas dañadas.
Por su parte, en entrevista telefónica con Proceso, Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco (Fremmar), declaró que los policías hicieron uso de «violencia excesiva» en contra de los manifestantes, lo que dejó casi 20 heridos, entre ellos Eric Ramos, un niño de 9 años.
Asimismo, mencionó que durante el desalojo hubo disparos de arma de fuego contra Félix Monroy Rutilo, habitante de Los Potros.
De igual manera, los elementos policiacos aseguraron 15 camioneras propiedad de los ejidatarios.
Hermenegildo García negó que los ejidatarios hayan privado de la libertad a los trabajadores de la empresa pues con ellos se había mantenido el diálogo a lo largo del día. La intervención de la policía se produjo después de una reunión donde participó David Cárdenas de la Cruz, representante jurídico de Peña Colorada.
(Con información de Pedro Zamora / Proceso)