“Vivimos en un Estado terrorista”, coinciden madres de los 43, Zacualpan y afectados por Peña Colorada

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“Vivimos en un Estado terrorista”, concluyeron tres madres de los 43 normalistas desaparecidos, integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y habitantes aledaños a la minera Peña Colora; quienes el viernes compartieron en el jardín Libertad de Colima sus historias de lucha y resistencia.

Lo anterior como parte del foro “Defensa del territorio, desapariciones y terrorismo de estado”, organizado por la asociación ambientalista Bios Iguana y el CIDTZ, quienes recibieron a tres madres de los normalistas y  a dos sobrevivientes de lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.

 

No nos rajamos, aquí andamos en la lucha (…) aunque el procurador haya dicho que él ya se cansó, nosotros como padres de familia no vamos a descansar: madre de normalista.

Después de medio año sin tener ninguna noticia de su hijo, María Inés Abrajam, madre de Adán Abrajam de la Cruz -quien soñaba con estudiar y ser profesor para darle lo mejor a sus hijos, un niño de ocho años y una niña de tres- dijo no tener miedo. Ni ella ni ninguno de los otros padres de familia, pues “el miedo se nos quitó el día que se llevaron a nuestros hijos”.

Para ella, la “verdad histórica” que les dio la Procuraduría General de la República (PGR), respecto a la desaparición de los 43 es una total mentira.

“El procurador y el secretario de gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, nos habían dicho que los jóvenes ya habían sido encontrados en las fosas en Iguala, lo cual no le creímos porque habían venido unos peritos argentinos para hacer la muestra de ADN y ninguno coincidía con nuestros hijos. Esa es una mentira, la primer mentira que nos dieron, y no le creímos al procurador. La segunda, que nuestros hijos ya habían sido calcinados y que habían sido echados al río de Cocula; lo cual como padres de familia, no creímos, porque esas dos personas (las acusadas de ser los autores materiales) ya habían sido arrestadas el día 13 de septiembre”.

Señaló que aunque el gobierno les ha ofrecido constantemente dinero “millones de dinero, casas, y carros” para detener la búsqueda, ellos no lo han aceptado porque sus hijos no tienen precio.

En su intervención, Bertha Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los jóvenes que fue asesinado el 26 de septiembre en Iguala, llamó a los asistentes a unirse dolor con dolor y a no dejar de luchar ante las injusticias.

“Yo les digo de corazón que nos unamos todos juntos, porque si vamos a esperar hasta que el gobierno nos mate de uno en uno, no vamos a hacer nada”, puntualizó.

A su petición también se unió la madre de Jorge Antonio Tizapa, Hilda Legideño Vargas, quien solicitó a los Colimenses alzar la voz:

“Si no quieren hacerlo por nosotros háganlo por ustedes mismos porque nadie está exento (…) no permitamos al gobierno que nos siga atacando”

Agregó que ellos continuarían con la búsqueda y la lucha para que el gobierno les devuelva a sus hijos que a través de la policía municipal y los militares les fueron arrebatados.

Por su parte, Francisco Sánchez, uno de los sobrevivientes y primo de uno de los desaparecidos, lamentó la poca presencia de espectadores, sobre todo de estudiantes, de quienes dijo,  depende el futuro de un país mejor.

“Nosotros queremos que se haga justicia por todos los crímenes de Estado (…) El 26 de septiembre es una noche en la cual nosotros no se la deseamos a nadie, estar indefenso ante una multitud de policías municipales que te están disparando y que te están tirando sin compasión alguna, es algo terrible”.

Relató que una de las situaciones más dolorosas es ver llorar a las madres de sus compañeros, y que de ahí deviene la rabia y el coraje para organizarse y seguir luchando hasta las últimas consecuencias.

Finalmente José Adolfo de la Cruz, otro de los sobrevivientes, aseguró que el gobierno federal se ha enfocado en desaparecer las normales rurales porque no le conviene tener estudiantes pensantes y analíticos que se organicen. Por tal motivo, “el gobierno desaparece estudiantes, los ejecuta”.

Respecto a la actual situación de Guerrero, manifestó que se he convertido en un cementerio de fosas clandestinas e impunidad, donde se  “está llorando sangre de tantos estudiantes, de tantos campesinos que están matando”.

 

Queremos que se pare la mina de Peña Colorada; han matado a mi padre, a mi hijo y desaparecieron a mi sobrino: Félix Monroy.

Félix Monroy Rutilo, habitante de la comunidad de Los Potros, ubicada entre los límites de Colima y Jalisco, denunció el hostigamiento que sufre desde hace años por parte de la minera Peña Colorada, a quien acusa de haber matado a su padre y a su hijo; así como de la desaparición forzada  de su sobrino, Celedonio Monroy Prudencio, el pasado 23 de octubre del 2012.

Lo anterior, considera Monroy, como represalia por  su activismo en contra de la mina  y por oponerse a ceder sus tierras a la minera, que pretende utilizarlas como depósito de desechos.

Recordó que la Profepa lo multó con 13 mil pesos y la reforestación de 300 árboles porque cortó troncos y ramas secas de la zona para utilizarlos como techo. El caso fue llevado a la Procuraduría General de la República (PGR) que ahora le exige el pago de 150 mil pesos y la plantación de los tres centenares de árboles.

Expuso también que hay policías municipales de Minatitlán, judiciales e incluso policía estatal que lejos de proteger a los habitantes de la comunidad los hostigan y están al servicio de la minera.

“Ya somos muchos organizados y creo que no se va a poder (que la situación continúe así). Nadie es responsable más del gobierno, que ha dejado, que tiene en Peña Colorada su policía ayudándoles a los de la empresa”, afirmó Monroy.

En una situación similar se encuentra, José Luis Ramos Gerardo, habitante de la comunidad Puertecito de las parotas –  también entre los límites de Colima y Jalisco- a quien el pasado 11 de febrero le derribaron su rancho, dejándolo sin hogar a él, a su esposa y sus ocho hijos.

Ramos Gerardo responsabiliza a la minera de haber destrozado su rancho con su maquinaria para despojarlo de sus tierras con el mismo fin que las de Monroy.

La hermana de José Luis, Hilda Ramos Gerardo, ha sido otra de las afectadas por la minera; contó que vivió en la comunidad de Los Potros, pero la  desalojaron – a ella y algunas personas más- quemándoles las casas, “todo fue por Peña Colorada”, aseguró.

 

Somos hermanos de lucha. Estamos luchando por una causa; ellos por sus hijos, nosotros para defender la naturaleza de Zaculapan: Olivia Teodoro.

Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan externaron que continúan las amenazas hacia su persona por parte del grupo priísta afín al depuesto comisariado, Carlos Guzmán.

Asimismo, cuestionaron la presencia de elementos de la fuerza pública: “no somos ningunos narcotraficantes, estamos cuidando lo nuestro (…) quisiera que Colima y Villa de Álvarez entendiera eso, que no estamos haciendo nada malo”.

Además exigieron la salida de la policía  de su comunidad,  porque sólo están para proteger al otro grupo, pese a que se comportan de forma violenta.

En ese sentido, informaron que al medio día de antier, cuando las madres y amigos de los normalistas visitaron Zacualpan, el grupo de Carlos Guzmán los amenazó. Perifonearon que daban veinte minutos para que se fueran, o de lo contrario los iban a atacar. Esto ante la presencia de los policías.

 

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