De acuerdo a la Misión Internacional y Nacional de Observación del Caso Zacualpan con datos de la Secretaría de Economía, 44 por ciento del territorio del estado de Colima está concesionado para la extracción de minerales, lo que sitúa a la entidad en el primer lugar nacional.
Para los activistas, esta política “entreguista” del Gobierno federal es la causante del actual conflicto que se vive en la comunidad de Zacualpan, toda vez que ha entregado “infinidad de concesiones mineras” (dos en la citada comunidad), sin que los pueblos sean previamente consultados y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.