Ley anti-marchas: clase política vs ciudadanía

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“La máquina, estéril, odia todo lo que cree y se mueve. Solo es capaz de multiplicar las cárceles y los cementerios. No puede producir otra cosa que presos y cadáveres, espías y policías, mendigos y desterrados.”
Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y Guerra.

 

México vive un grave retroceso en materia de derechos humanos, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de 22 personas en Tlatlaya a manos del Ejército, pone en evidencia la crisis del Estado mexicano.

Con la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por  Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto, la violencia se disparó en todo el país. Hoy se reconoce la existencia de 27 mil  desaparecidos y más de 80 mil personas asesinadas. Sólo en los dos años de la actual administración se han registrado 24 mil ejecuciones.

Las fuerzas de seguridad de México han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos. El atropello sistemático de las garantías se debe a la corrupción y a la impunidad con que actúan los cuerpos de seguridad y autoridades, sobre todo aquellas encargadas de impartir justicia.

En nuestro país se violan los derechos humanos en casi todos los ámbitos: en México la tortura se aplica sistemáticamente a los detenidos para obtener confesiones bajo coacción; la libertad de expresión no se respeta, se criminaliza la protesta social; decenas de periodistas han sufrido persecución y agresiones, otros han sido asesinados o se encuentran desaparecidos; la misma suerte han corrido activistas y defensores de derechos humanos; los migrantes sufren constantes abusos por parte de las autoridades migratorias en colusión con la delincuencia organizada; las cárceles y centros de detención no ofrecen seguridad a los detenidos, y en muchas prisiones los presos viven en condiciones infrahumanas.

Sin embargo el PRI y el PAN  tanto a nivel nacional como en el estado de Colima representados en personeros como Martín Flores Castañeda y Héctor Insúa pretenden  aprobar una ley que pone en peligro la integridad, libertad y bienestar de todos los mexicanos, que es sin duda alguna el peor retroceso a los derechos humanos en los dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma a la Constitución, que autoriza al Estado a buscar “mecanismos alternativos” al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación, sólo nos encamina a un régimen aún más autoritario, una dictadura que ya no es suave como algunos analistas la describieron, pues lo que estamos  viviendo es un atentando directo  y violento de la clase política y sus instituciones contra los ciudadanos en ejercicio y defensa de sus derechos.

Los representantes del PRI y el PAN no han entendido que los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente asegurados, junto con los derechos colectivos económicos, sociales y culturales. Las libertades civiles y políticas sólo pueden ejercerse a plenitud si se cumplen el derecho al bienestar, a la educación, a la seguridad social, a la propia identidad y a las condiciones de vida que hacen la felicidad de los hombres en sociedad. Los derechos humanos están reconocidos por la Constitución, pero hay que hacerlos cumplir. No buscar culpas en la ciudadanía criminalizándolos, cuando los únicos responsables son  los malos gobiernos y un estado en crisis que no es capaz de dar solución a las problemáticas que nos aquejan.

Por eso la pregunta sería: con estas lógicas absurdas, ¿cómo pretenden regular las marchas? Estas son una expresión de protesta de la sociedad cuando el poder político no quiere o no puede resolver demandas. Mejor regulen los salarios onerosos de los altos funcionarios, regulen la forma de hacer política, mejor gobiernen bien, ¡para que exista paz social es necesaria la justicia social.

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*Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Colima

revolucionpermanente12@gmail.com

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