Necesita gobernador “sensibilidad social” para revertir inseguridad y “militarización” de Colima

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Para revertir la inseguridad y la militarización de las calles de Colima, el gobernador Mario Anguiano Morena necesita un “mínimo de sensibilidad social” , consideró el presidente estatal de Morena, Vladimir Parra Barragán.

“Con un mínimo de sensibilidad social el gobierno de Mario Anguiano debería replantear la estrategia de seguridad en el Estado, no necesitamos las calles militarizadas, necesitamos empleo, educación y un entorno favorable. Ya no podemos distinguir entre tránsito, política y Ejército”, señaló a través de un comunicado de prensa.

Cuestionó que sea la población colimense la que pague la factura de la creciente inseguridad debido a los constantes operativos viales realizados por militares y policías, quienes con una “presencia intimidante” detienen “a cuanto conductor y motociclista se les ocurre para incautar sus vehículos o imponerles multas” por la falta de documentación.

“¿Es esta la manera en que pretenden proteger a los ciudadanos?”, añadió.

 

A continuación el comunicado íntegro:

Las desapariciones y homicidios que hemos vivido en los últimos días nuevamente dan cuenta de la situación de riesgo a la que constantemente se enfrenta la población colimense, que no solo está expuesta a la delincuencia, si no a la violencia de grupos criminales que se ensañan con mujeres y jóvenes, instalando el miedo y despojándonos del derecho a vivir con tranquilidad en nuestros poblados, colonias y en nuestro estado.

No solo hay violencia entre grupos del crimen organizado, sino que los ciudadanos estamos expuestos a los abusos de criminales de los que desconocemos sus causas y origen, pues, frente al hermetismo del gobierno estatal, no hay certeza sobre si esta situación responde a disputas entre carteles, a estrategias de intimidación y control de territorios, o a una transformación de la delincuencia que hace tiempo nos azota. En cualquiera de los casos, ¿hay permisividad o falta de eficacia?

Con cifras del INEGI, sabemos que en el 2010 hubo 449 homicidios, casi el doble de que el año anterior, en el 2011 el número ascendió a 730 y en 2012 a 1 160 personas asesinadas. ¿Si en el 2013 la cifra pasó a 770 el gobierno ya habla de reducción? La situación es grave, estamos entre las entidades con mayores índices de asesinatos.

A pesar de la constante intervención de organizaciones feministas para detener la violencia, el gobierno se niega a emitir la alerta de feminicidio, hay una rotunda negativa a aceptar el problema, y esto solo vela por la imagen institucional, no por el bienestar de los colimenses. Por eso, somos enfáticos en decir que la estrategia del gobierno estatal está alejada de la realidad, y fuera de  resolver el problema, está contribuyendo a que se vuelva difícil y riesgoso vivir aquí.

Militares y policías con armas largas y su intimidante presencia, se han dedicado a detener a cuanto conductor de automóvil y motocicleta se les ocurre para incautar sus vehículos o imponerles multas. ¿Es esta la manera en que pretenden proteger a los ciudadanos? No, están pasando factura de su corrupción e ineficiencia al pueblo colimense.

En medio de la polémica por el intento de imponer el uso de chaleco a los motociclistas se hizo presente el talante autoritario y la concepción errónea que tiene el gobierno estatal de lo que es procurar la seguridad en nuestro estado, pues antes que destinar leyes y recursos a la rehabilitación de espacios públicos, a la generación de espacios de educación y convivencia o a construir un entorno incluyente, lo que se hace es criminalizar a los ciudadanos, llenar las calles de patrullas, armas y cámaras, lo que lejos de detener las situaciones de alarma, propagan el miedo y el descontento entre los ciudadanos.

Las declaraciones del director de transporte Zenén Campos no son un exabrupto personal, esta es la visión que recorre la visión gubernamental sobre el orden y la seguridad, “todos los ciudadanos somos potencialmente delincuentes”, pero resulta que hay ciudadanos que cuentan con protección policial y judicial, y que incluso, hacen uso de ella para acrecentar sus ingresos económicos y bienes a costa de los ciudadanos de Colima.

¿Acaso a los altos funcionarios y sus cómplices les retienen vehículos y les asignan multas en los múltiples operativos viales que más que vigilar buscan quitar dinero al pueblo para tapar lo que roban las administraciones?

¿Por qué intervienen militares, marinos y policía con armas largas en operativos de tránsito que al final solo incautan automóviles y multan conductores por faltas administrativas?

Los medios de comunicación locales están llenos de historias de abuso de autoridad como la banda del Tida, que más que investigar se dedica a amedrentar ciudadanos. Se persigue al trabajador, al joven que viste diferente, a cualquiera que arbitrariamente parezca sospechoso. Se detienen cientos de consumidores de droga, se revientan fiestas nocturnas con gases lacrimógenos, ¿y dónde están los grandes delincuentes que se persiguen?

Parece que el gobierno estatal y los municipios que se le subordinan realmente extrañan el Colima de antes, el Colima que Sam López mantenía controlado en base al uso y abuso de la fuerza, de la coerción, la persecución y la tortura. Dice el director de transporte que los policías no pueden ser caballerosos porque tratan con potenciales delincuentes, ¿Entonces nosotros tampoco estamos obligados a tratar con respeto a la clase política que nos roba y miente día a día mientras se regocija en lujos?

Con un mínimo de sensibilidad social el gobierno de Mario Anguiano debería replantear la estrategia de seguridad en el Estado, no necesitamos las calles militarizadas, necesitamos empleo, educación y un entorno favorable. Ya no podemos distinguir entre tránsito, política y ejército, y las consecuencias las siguen pagando quienes solo buscan una oportunidad para trabajar y sostener sus sueños en un Estado que cada vez es más hostil para quien no tiene los recursos que lo acrediten como ciudadano de bien.

¿Ningún funcionario va a renunciar? Si en Colima vivimos una democracia consolidada, las declaraciones de Zenén Campos son suficientes para verlo retirarse de su puesto, si realmente hay vocación de servicio público y de realizar una administración eficiente, exigimos la desmilitarización de la policía y que se deje de perseguir a los ciudadanos y que se administren los recursos sin opulencias. Queremos justicia y seguridad, no simulación de políticas para imponer el miedo y recaudar recursos.

 

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