Ignorancia e irresponsabilidad de diputados al rechazar ley para proteger maíz criollo: Bios Iguana

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Para el dirigente de la organización ambientalista Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, los diputados de Colima actuaron con ignorancia e irresponsabilidad al rechazar la creación de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado.

El martes 21 de enero, el pleno del Legislativo declaró “improcedente” la iniciativa presentada por esta organización y firmada por tres mil ciudadanos argumentando que los organismos genéticamente modificados (OGM’s) ya están regulados por la legislación federal. Esta propuesta buscaba la protección del maíz criollo para evitar su “contaminación” con maíces transgénicos.

“Los diputados se encuentran en una situación de franca ignorancia sobre el tema de la bioseguridad, de la soberanía alimentaria y de los recursos biológico-genéticos”, indicó el ambientalista en entrevista con PERRIODISMO.

Lamentó que la negativa de los legisladores se haya dado sin debate alguno y sin pruebas que justificaran la inviabilidad de la propuesta.

“Nos parece lamentable que no tengan la suficiente honradez para poder decir públicamente la argumentación técnica para negar esta oportunidad de legislar a favor de la conservación, fomento y protección de los maíces criollos”, añadió.

Consideró que estos granos son un patrimonio de la región porque se han utilizado durante más de tres mil años por las culturas originales  del occidente de México, pero los diputados “entran en un conflicto de interés porque la Sagarpa, a través de la presión de las trasnacionales, es la que presiona la certificación de los transgénicos, y los maíces criollos no son parte de la certificación”.

Asimismo, Gabriel Martínez lamentó que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariano Trillo Quiroz, no haya tenido la “honradez” de avisarles que el dictamen de la iniciativa se presentaría ese día, incluso, abandonó la sala durante la presentación de la misma.

“Es un acto de irresponsabilidad y tendremos que ver cómo promover un juicio político o un debate público porque la iniciativa la presenta una organización civil que merece respeto en un Estado de derecho. Si no hay la posibilidad de formalizar iniciativas ciudadanas, creemos que hipotéticamente estamos en un Estado escatológico de derecho porque no les importa la voz ciudadana”, concluyó.

 

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