La reciente intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la oficina de la magistrada Rocío López Llerenas en el Poder Judicial de Colima no es el primer escándalo en donde el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael García Rincón, se ve involucrado.
García Rincón es compadre del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno. Fue agente del Ministerio Público en Colima y en Armería. En 1998 fue nombrado magistrado del STJE en la Segunda Sala Penal y Especializada en Impartición de Justicia para Adolescentes. Desde el 13 de noviembre de 2010 ocupa el cargo de Magistrado Presidente del STJE.
A principios de la década de los 90, bajo la averiguación previa 56/90 de la PGR, Rafael García Rincón, entonces subdelegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Colima, fue acusado -junto al ex delegado Enrique Duke Villanueva y el jefe del área técnica Jesús Durán Gutiérrez- de delitos como abuso de autoridad y falsedad en información.
Esta denuncia fue interpuesta por Victor Morfín Preciado, quien fue desalojado en 1989 de su propiedad en el Ejido de Trapichillos en el municipio de Colima por órdenes de la SRA a pesar de estar amparado por el Juzgado de Distrito. En junio 1992, García Rincón fue aprehendido pero quedó inmediatamente libre bajo fianza. El expediente del caso es el 100/1992.
En abril 2012, la magistrada López Llerenas a través de una carta pública denunció manejos irregulares de más de 10 millones de pesos utilizados para la adquisición de computadoras, la remodelación del edificio, contratación de cursos de capacitación y la compra de un vehículo de lujo para García Rincón.
En esa misiva, la magistrada también lo acusó de querer “someter a los magistrados que se oponen a la designación de jueces y secretarios actuarios afines a él”.
Sin embargo, el magistrado presidente lo negó argumentando una falta de sustento en las acusaciones pues las autorizaciones de gastos son aprobadas por el pleno del STJE.
En el reciente caso de la intervención de la PGJE en el recinto Judicial, García Rincón negó que en el allanamiento de la oficina personal de la magistrada López Llerenas ésta haya sido agredida por elementos policiales, tal como ella lo afirmó a los medios de comunicación.
