El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron respectivamente la renuncia del Procurador General de Justicia del Estado, Marcos Santana Montes, y del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael García Rincón, por permitir que elementos de la PGJE allanaran y presuntamente sustrajeran una computadora de la oficina de la magistrada Rocío López Llerenas.
Según la narración de la magistrada López Llerenas, el jueves por la tarde fue retirada a empujones por los elementos armados de la Procuraduría, quienes ingresaron a su despacho personal con ayuda de un cerrajero. Explicó que los policías sustrajeron una computadora con los expedientes electrónicos de la Sala Penal del Poder Judicial, a la cual ella pertenece. Este suceso le provocó una crisis nerviosa, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital de la ciudad.
Por su parte, el STJE a través de un comunicado de prensa firmado por su presidente Rafael García Rincón y cinco magistrados más, negaron que López Llerenas haya sido agredida.
Detallaron que el incidente se debió a que el Proyectista Jurídico adscrito a la oficina de la magistrada, Rumualdo García Mejía, fue destituido con la aprobación de la mayoría de los integrantes del pleno por “violentar las normas que rigen el servicio público”. Como consecuencia, el equipo informático del servidor público debía ser asegurado “para salvaguardar los medios patrimoniales de esta Institución”.
Sin embargo, esta orden fue impedida por la magistrada López Llerenas quien ordenó a su personal llevar el equipo a su oficina personal. Añaden que el Secretario General de Acuerdos, Roberto Rubio Torres, consideró necesario solicitar el auxilio de agentes del Ministerio Público y de Procuración de Justicia “con el único propósito de transparentar la actuación y existiera constancia sobre la posible comisión de un delito”.
“Fue así que finalmente, sin que se haya tenido contacto físico hacia la Magistrada, se abrió la puerta de su privado con la ayuda de un cerrajero, única y exclusivamente, para resguardar el equipo técnico y asegurar la información oficial”, precisó.
Por su parte, la PGJE emitió la versión de sus hechos asegurando que su presencia “obedeció a las obligaciones establecidas en la ley a fin de evitar que se pierdan o destruyan evidencias de la comisión de un delito” y solamente observaron los hechos sin intervención alguna. Añadió que los policías dejaron sus armas al ingreso del edificio del Poder Judicial y negaron que los agentes ministeriales hayan colocado cadenas para bloquear la entrada y salida de personal al recinto.
Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Salvador Fuentes Pedroza, calificó de “aberrante” el suceso que vulneró la autonomía del Poder Judicial y que violó las garantías de la magistrada. Demandó al gobernador Mario Anguiano Moreno la destitución de Marcos Santana.
A su vez, el diputado perredista Francisco Rodríguez García consideró que el presidente Rafael García Rincón amerita un juicio político por su responsabilidad en los hechos pues las oficinas del Supremo Tribunal son “inviolables” y nadie -ni con el permiso del magistrado presidente- puede tener acceso.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora lamentó que la PGJE no haya respetado la “inviolabilidad del recinto del Poder Judicial ni la investidura de la magistrada. Si eso de le hacen a una magistrada ¿qué no le harán a otro ciudadano?”, cuestionó.
A través de su cuenta personal de Facebook, Rumualdo García Mejía agradeció las muestras de apoyo y afirmó que «la verdad saldrá muy pronto a la luz» pues «esta infamia sólo evidenciará la cruda y triste realidad del Poder Judicial del Estado (de Colima)».
(Con información de Proceso)