Carta abierta al Rector de la Universidad de Colima

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Le ofrezco mis disculpas, nada más empezar, si encuentra que el tono de este escrito roza lo irrespetuoso: pero convendrá conmigo en que el respeto se merece, y usted ha desatendido tantas veces sus obligaciones que no se ha hecho acreedor de más consideración: la dignidad de la rectoría de la Universidad de Colima ha quedado seriamente en entredicho, por obra y gracia de sus actuaciones… y de sus omisiones. Y advierto que soy generoso con esta última apreciación.

Tampoco espero que responda a las reclamaciones que voy a presentarle, poniendo como testigo a una amplísima comunidad académica y universitaria: ya me ha negado la palabra en tantas ocasiones que consideraría un milagro que, por una vez, diera la cara y actuara conforme a lo que exige un mínimo sentido de responsabilidad, del honor y del deber. Pero al menos voy a exponerle a la vergüenza pública, que no es poco correctivo.

Sé que carece de respuesta válida a cuanto pueda demandarle, tal vez por su personal incompetencia: porque da la impresión de que escuchar, atender y resolver no es su fuerte (¿sigue presumiendo de desconocer todavía sus remuneraciones salariales?), y porque la única respuesta válida a lo que reclamo sería el reconocimiento de su grave negligencia y la correspondiente rectificación: y eso le resulta aún mucho más costoso y humillante.

Sí quiero manifestarle, ante tantos y tan dignos testigos, que ha permitido con sus inhibiciones que la Universidad de Colima sea un territorio donde se burla la legalidad en materia de contratación de profesorado, al incumplirse las obligaciones anexas a los procesos que regulan las  convocatorias públicas de profesorado. ¿Dónde se ha visto que ni siquiera ante reclamación de parte se publiciten los resultados obtenidos por cada candidato de acuerdo a una baremación que también debió ser pública?

¿Cómo se atreve a ignorar una y otra vez las disposiciones del Reglamento de Trasparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Colima?

¿No comprende que concurren las circunstancias para que le se impongan las sanciones previstas en el artículo 34 del mismo Reglamento: “el personal universitario que incurra en incumplimiento del presente Reglamento, será bajo su estricta responsabilidad y sancionado con base en la legislación aplicable”?

¿O será, como presumo, que sus colaboradores en el gobierno universitario son cómplices mudos de su indecorosa conducta? Entre ellos atribuyo una especial responsabilidad a la Dra. Sara G. Martínez Covarrubias que, en su condición de Directora General de Desarrollo del Personal Académico, debiera haber velado por el cumplimiento de la normativa universitaria en lugar de secundar sus consignas de silencio, caiga quien caiga.

Señor Rector, vista su incapacidad para asumir responsabilidades y rectificar, ¡márchese a su casa y no ensucie más el nombre de la Universidad!

 

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